El tráfico de influencias

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El tráfico de influencias

El tráfico de influencias viene regulado en el Capítulo VI del Título XIX del Código Penal, el título relativo a los delitos contra la Administración Pública. Vale la pena mencionar la distinción que se hace en dos artículos del Código Penal: el 428, haciendo especial referencia a aquellos casos en que lo cometan funcionarios y autoridades; y al 429 orientado a sancionar la misma conducta, pero cuando sea ejercida por particulares. Y, asimismo, el agravante de las penas que impone el Código en los casos que estas conductas vayan acompañadas de regalos o cualquier tipo de remuneraciones.

Desgraciadamente son pocos los casos que han llegado al Tribunal Supremo, pero analizando algunas de las sentencias que, directa o indirectamente, han abordado este delito y, completándolo con los diferentes estudios doctrinales sobre la materia, podemos acabar concretando cuál es el sentido  que se ha dado al delito que se ha convertido la puerta abierta para afrontar la lucha contra la corrupción.

Cabe destacar que son varios los elementos que configuran el delito que tiene por objeto proteger la libertad del funcionario o autoridad que debe adoptar una decisión en el ejercicio de su cargo motivada sólo por los intereses públicos y el Derecho aplicable. Más allá del sujeto activo que cometa el delito (la autoridad, funcionario o particular), hay unos rasgos determinantes que entraremos a ver a continuación; la influencia, la prevalencia y la discrecionalidad de la resolución dictada.

El elemento inicial y común para la articulación de la conducta que se sanciona: la influencia. La influencia es sin duda el elemento más difícil de probar porque normalmente se manifestará en el ámbito privado y sin testigos, pero jurisprudencialmente se ha sentenciado que la influencia puede probarse con otros elementos como la prevalencia o la emisión de una resolución arbitraria y su carácter favorable el sujeto destinatario de la misma. Se persigue, en definitiva una actividad de sugestión, inclinación o invitación a otra persona para tomar una decisión en un sentido determinado.

Aquí es donde entra el otro elemento esencial para la construcción de la conducta tipificada: la prevalencia. Viene dada por la relación de jerarquía, amistad o, incluso, familiaridad que permite ejercer esta influencia. No hace falta que sea formal o fruto de una jerarquía orgánica y directa. Se trata, en definitiva, de una situación que, por la causa o relación que sea, acaba suponiendo un abuso de superioridad, por lo que la persona que ha de dictar la resolución entienda que debe atender las sugerencias o inclinaciones a decidir en un determinado sentido que se le ejercen.

La existencia de estos dos elementos de la influencia y la prevalencia, nos permite diferenciar este delito del de la prevaricación en sentido estricto. En ambos casos nos aparece una discrecionalidad de la resolución dictada, que deviene contraria a las normas del Derecho. Pero la distinción entre un tipo delictivo y el otro, entre otros matices, viene dada porque la resolución arbitraria es fruto no de un acto unilateral y propio del sujeto que la dicta, sino fruto de esta influencia y relación de prevalencia que termina suponiendo un cambio injustificado y arbitrario en la acción de la autoridad o funcionario público.

El delito de tráfico de influencias tiene dos cuestiones más que hay que afrontar para hacer una aproximación completa. La primera es su tipo agravado en caso de que se haya obtenido un beneficio. Un elemento que, más allá de la pena, como no, supone el decomiso de este beneficio.

La segunda es que el ofrecimiento de influencias también puede ser penado. En este sentido, pueden existir tanto las influencias reales como las ficticias y, incluso, no es necesario para la comisión del delito que el acusado tenga capacidad de influir o que no se haya hecho la gestión para hacerlo. El legislador ha articulado un delito enfocado claramente a sancionar, incluso, como un acto preparatorio, lo que ponga en riesgo la objetividad e imparcialidad de las decisiones administrativas; la exigencia primordial para el correcto funcionamiento de la Administración.

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