DESPIDO EN SITUACIÓN DE BAJA YA NO ES NULO SINO IMPROCEDENTE

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DESPIDO EN SITUACIÓN DE BAJA YA NO ES NULO SINO IMPROCEDENTE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica que es improcedente el despido efectuado en situación de incapacidad temporal del trabajador.

 Un Juzgado de Barcelona había declarado nulo por fraude de ley y vulneración de derechos fundamentales un despido en el que el trabajador se encontraba en situación de baja después de haber sufrido un accidente laboral.

Pero ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado aquella sentencia y retoma la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que mantiene que estos despidos son improcedentes, ya que consideran que la situación de baja no es comparable a una discapacidad, por lo que no comparte la discriminación a la que se refería el juzgado de primera instancia, y que lo llevó a sentenciar la nulidad de aquel despido.

Podemos concluir que hay que estar al caso concreto, y que un despido sin causa o por fraude de ley no es un despido nulo, sino que su calificación es la improcedencia. Sin embargo no podemos descartar su nulidad ante la acreditación de que la empresa que despide lo hace movida por la repercusión que la enfermedad y / o la situación de incapacidad permanente tendrá en el rendimiento laboral. Por tanto, no podemos descartar la declaración de nulidad de despidos de trabajadores en situación de baja, siendo necesario analizar el caso concreto.

En cuanto a las consecuencias entre la declaración de nulidad o de improcedencia de un despido, recordemos que la primera conlleva la readmisión del trabajador y el abono de los salarios de tramitación, es decir, el trabajador cobra los salarios como si no hubiera sido nunca despedido, y debe devolver la indemnización percibida en el momento del despido. Por el contrario, la declaración de improcedencia conlleva la extinción de la relación laboral con derecho a percibir la indemnización máxima legal.

Delante de un hecho como este es muy recomendable buscar asesoramiento  recurriendo a un profesional, especialista en derecho laboral, a fin de poder determinar las posibilidades de impugnar la decisión de la empresa.

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